El Liceo Militar de Mendoza (Arg.), fue señalado como lugar de detención durante la dictadura.

01

El espacio público es el lugar simbólico por excelencia de manifestación, expresión y disputa de la memoria colectiva de un pueblo. Ayer la inauguración de carteles recordando el accionar del terrorismo de Estado en Mendoza durante la última dictadura militar despertó reacciones a favor y en contra, y también expresiones de violencia e intolerancia.

Por ley e iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuatro lugares de detención clandestina de personas quedaron señalizados. Se inauguraron placas en el Liceo Militar General Espejo, el Hospital Militar de Mendoza, el Casino de Suboficiales y la Compañía de Comandos y Servicios de la Brigada de Infantería. Hoy se descubrirá una en el campo Las Lajas.

Familiares de desaparecidos, víctimas de la dictadura y organismos de derechos humanos acompañaron la iniciativa con entusiasmo y respeto, ya que consideran el gesto como un paso más en el reconocimiento y la reparación de las atrocidades vividas. “Hace visible el impacto del plan sistemático de exterminio y expresa en el espacio el compromiso de la democracia de dar a conocer y condenar estos crímenes”, indicaron.

No opinaron lo mismo alumnos, familiares y ex estudiantes del Liceo General Espejo que se convocaron en la vereda de enfrente del acto a repudiar la señalización y a amenazar con quitarla. “Vamos a sacar ese cartel esta noche mismo”, dijo un joven que no quiso identificarse. Los padres –no más de cinco– se manifestaron enojados con la propuesta y dijeron que sus hijos “son gente de bien, con valores, que no salen a robar, ni son unos vagos que reciben planes sociales”, explicando al mismo tiempo que es “vergonzoso que se los asocie con la dictadura”.

“No secuestraron, torturaron, ni mataron a nadie. Este tipo de homenajes sigue insistiendo en abrir heridas del pasado”, dijeron. “Venir hoy, 30 años después, a colocar un cartel para marcar este tipo de cosas es más o menos lo mismo que si me colgaran uno de genocida por no tener un apellido indígena. La historia es bastante clara para que venga este Gobierno a hacernos docencia”, opinó Gabriel Cabrera, entre los reunidos. Hasta hubo uno de los padres que justificó el terrorismo de Estado diciendo: “Deberían haber desaparecido a más personas”.

En desacuerdo con la medida, señalaron que pedirán a las autoridades del Liceo que se coloque al lado del cartel otro, indicando los logros del establecimiento. “Cómo les decimos a nuestros hijos que donde estudian asesinaron a gente, no están preparados”, dijo una de las madres indignadas.

Sus opiniones eran emitidas al mismo tiempo que miembros de agrupaciones políticas y un centenar de personas descubrían la placa. En medio, algunos vehículos que transitaban por Boulogne Sur Mer tocaban bocina y sacaban la cabeza por la ventanilla para insultar a la gente que realizaba el histórico homenaje. “Este país es una joda” o “viva el Liceo, viva la Patria”, fueron algunas de las expresiones de los conductores.

Sin embargo, ninguna de estas ofensas fue respondida por las personas que participaron en el acto que se desarrolló como estaba previsto después de las 17.

Natalia Brite, delegada provincial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fue la encargada de decir unas palabras frente a los reunidos y su discurso se centró en la importancia de la señalética en cuanto a la función pedagógica que cumple para la conservación de la memoria de las futuras generaciones de argentinos.


Julio Cobos, egresado del Liceo Militar General Espejo señaló: “Debe quedar en claro el objetivo y deslindar a la institución educativa respecto de la conducción irresponsable que existió durante el proceso militar. Ellos fueron los responsables de los delitos que allí se cometieron”.

Anuncios

Declaración de la Red Antimilitarista Latinoamericana y del Caribe (RAMALC), en solidaridad con las víctimas de Ayotzinapa y todos las y los desaparecidos del México.

IMG_6277

La Red Antimilitarista Latinoamericana y del Caribe (RAMALC), presente en la ciudad de México a los 23 días del mes de septiembre de 2015, con representantes de los países Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Paraguay, Cuba, Brasil, Bolivia, antimilitaristas de Serbia, y Estados Unidos, junto sus pares de México, queremos expresar nuestra solidaridad con las madres, padres familiares víctimas de los 43 normalistas alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en el Estado de Guerrero.

Los hechos ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que policías federales y municipales de Iguala persiguieron y atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, periodistas y civiles, dejando un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 43 estudiantes desaparecidos y 27 heridos, se ha convertido en uno de los hechos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos no sólo en la República Mexicana sino en todas las latitudes.

A días de cumplirse 1 año de la desaparición, familiares víctimas emprenden un ayuno para exigir que aparezcan sus hijos. Ciudadanos y ciudadanas mexicanos y del mundo nos unimos en solidaridad a su derecho a la manifestación pacífica en la exigencia de pruebas de vida, justicia, verdad y no impunidad.

De igual forma en conmemoración a un año de este terrible acontecimiento y la falta de respuestas, y de cara a los resultados de las investigaciones del comité de expertos de la CIDH, marcharemos en apoyo, solidaridad con esta lucha que no es sólo de familiares víctimas sino de toda persona que busca que hechos como estos no queden en el olvido, que no ocurran, que aparezcan los desaparecidos y que no haya injusticia, ni impunidad.

Recordamos que todas las personas tienen derecho a la manifestación pacífica, ayunos, concentraciones, marchas, protestas, lo que significa expresar en público, de manera individual o colectiva, y por medios no violentos, la insatisfacción, el desacuerdo o la indignación con hechos o situaciones que les afecten directamente, en la exigencia de sus derechos, la verdad, la justicia y la no impunidad, en el marco de una sociedad libre y democrática.

El ayuno es una herramienta de lucha no violenta, inserta dentro del derecho a la manifestación pacífica consagrada en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por tanto debe ser respetada, garantizada tomando todas las medidas de protección por parte de las autoridades para que pueda ejercerse plenamente. Recordamos que los protocolos internacionales en Derechos Humanos obligan a los Estados a garantizar la no intervención bajo ninguna forma de coacción, y la protección para huelguistas, así como de todo manifestante que les acompañen durante la jornada.

La gravedad de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, la conmoción y consternación mundial ante estas desapariciones obliga al Estado Mexicano a disponer de todas las acciones y recursos que den respuesta inmediata a los familiares víctimas y permitan que este caso no se constituya en uno de los hechos más lamentables de la historia reciente de Latinoamérica y el mundo.

Así mismo, exigimos a las autoridades mexicanas que debe permitirse acceso a familiares y expertos CIDH a todos los lugares incluidos las instalaciones y campos militares, donde se sospeche puedan estar ubicados los estudiantes.

Los primeros resultados del comité de expertos CIDH obligan al estado mexicano en cumplimiento de sus obligaciones en intensificar esfuerzos en la búsqueda de los desaparecidos, en la búsqueda de la verdad, la justicia y la no impunidad.

La desaparición forzada constituye uno de los crímenes de lesa humanidad más graves, abogamos porque todos los casos previos y posteriores a los de Ayotzinapa sean esclarecidos y sus responsables sean sancionados.

Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Presión militar impide cerrar cárcel chilena de lujo para criminales de DDHH, denuncia abogado.

Untitled-6

El Ejército de Chile se resiste al cierre de la cárcel de Punta Peuco, donde cumplen penas en condiciones de privilegio agentes de la última dictadura condenados por crímenes de derechos humanos, indicó el abogado Cristian Cruz a Sputnik Nóvosti.

“Los militares y las Fuerzas Armadas en general están ejerciendo mucha presión; es bien sabido que sectores del Gobierno, principalmente el ministro del Interior (Jorge Burgos) y la misma presidenta (Michelle Bachelet) sienten una gran simpatía hacia el mundo militar”, sostuvo Cruz, jurista especializado en derechos humanos.

“Llama la atención que el Gobierno no sea capaz de darnos una información precisa y clara; simplemente lo ha esquivado”, agregó.

La presidenta Bachelet “se comprometió” a cerrar Punta Peuco en este mes de septiembre en una reunión que mantuvo en julio con una víctima de la dictadura, Carmen Gloria Quintana, quemada viva en 1986 por una patrulla militar durante una protesta contra el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) junto al fotógrafo Rodrigo Rojas, fallecido por las graves heridas que sufrió.

Fue Quintana quien mencionó este supuesto compromiso a los medios de comunicación, si bien la mandataria no se refirió públicamente al asunto.

Poco después, el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, aseguró que el cierre de Punta Peuco era una “decisión que se encuentra en evaluación permanente por parte del Gobierno”.

“Yo desconozco la conversación específica; no estuve en la reunión, pero está en evaluación permanente”, aclaró Díaz a la prensa local.

Por su parte, el jefe del ejército, Humberto Oviedo, dijo la semana pasada que el cierre de Punta Peuco no es necesario pues se trata de “un penal como otros”, informó la prensa chilena.

DECISIÓN POLÍTICA

Para el abogado Cruz el cierre de la prisión es una decisión política y prueba de ello “es que Sebastián Piñera (predecesor de Bachelet) cuando dejó su cargo cerró el penal Cordillera”, que albergaba a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Los reclusos del penal Cordillera fueron enviados a Punta Peuco en septiembre de 2013.

“Si pudo cerrarlo un Gobierno de derechas (como el de Piñera) no entendemos por qué este (de centroizquierda) no lo hace con Punta Peuco”, agregó Cruz a Sputnik Nóvosti.

Mantener abierta esta cárcel significa “la instauración y la continuidad de la desigualdad”, en especial para las víctimas de la dictadura y los familiares de muertos y desaparecidos, apuntó Cruz.

PRIVILEGIOS

Las condiciones de reclusión de Punta Peuco nada tienen que ver con las de otras cárceles, sostuvo este experto, puesto que “cuenta con áreas exclusivas para ellos y sus familias, posibilidad de hacer asados, sistemas de comunicación con el exterior y máquinas de ejercicio”, en definitiva, “facilidades de las que carece el resto de la población penal”.

“Están en unas condiciones bastante benevolentes. Algunos canales de televisión han hecho reportajes sobre el lugar y también han acudido grupos de parlamentarios y todos dan cuenta de la gran flexibilidad que tienen los internos”, agregó.

Unas 100 personas están recluidas en Punta Peuco, estimó Cruz, y los internos “no son solo violadores de derechos humanos”, sino que también hay “algunos funcionarios de la policía civil que han sido condenados por actos de corrupción” en los últimos años y que, por tanto, “nada tienen que ver con la dictadura”.

En opinión de Cruz, no supondría ningún problema que los reos de Punta Peuco fueran trasladados a una cárcel común, puesto que ya sucedió con César Palma Ramírez, “agente del grupo de extrema derecha Patria y Libertad que fue condenado por crímenes en la dictadura”.

Palma Ramírez está recluido en una prisión en Puerto Montt, sur del país, “y no ha habido ningún problema con él”.

“Hoy en día la Gendarmería (fuerza responsable del sistema carcelario) tiene los mecanismos necesarios para mantenerlos segregados en condiciones que no sean de privilegio”, precisó Cruz.

El penal de Punta Peuco fue abierto en 1995 para que el brigadier Pedro Espinoza y el ahora fallecido general Manuel Contreras, uno de los criminales más notorios de la dictadura chilena, cumplieran sus penas por el asesinato en 1976 del excanciller y ministro de Defensa, Orlando Letelier.

Lea más en http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20150923/1051683515.html#ixzz3n5hyiGFZ

Lea más en http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20150923/1051683515.html#ixzz3n5hYsSRX

Consiguen la prohibición de la financiación de las municiones en racimo, minas antipersonal y otras armas de efectos similares en España

logo_newsletter

Conseguimos la prohibición de la financiación de las municiones en racimo, minas antipersonal y otras armas de efectos similares.

Comunicado del Centre Delàs d’Estudis per la Pau con motivo de la modificación de la Ley 33/1998 de prohibición total de minas antipersonas y armas de efecto similar

Desde el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, como entidad impulsadora de la campaña Stop inversiones explosivas, tenemos la gran satisfacción de anunciar que hemos conseguido que se apruebe la prohibición explícita de todo tipo de financiación de las municiones en racimo, minas antipersonal y otras armas de efectos similares.

España es ahora, gracias al éxito de la campaña Stop Inversiones Explosivas, el décimo país en prohibir la financiación de las bombas de racimo.
La Ley 27/2015 del 28 de julio, que modifica la Ley 33/1998 de prohibición total de minas antipersonas y armas de efecto similar, prohíbe ahora la financiación de estas armas.

La aprobación de esta ley es una nueva etapa hacia el desarme y la paz. Ahora, además de la prohibición del uso, producción, comercio y almacenamiento de bombas de racimo desde la firma de un acuerdo mundial en 2008 por parte de 107 países, las entidades financieras  españolas ya no podrán financiar la producción de estas terribles armas en países que no han firmado aún el tratado.
Desde el Centro Delàs seguiremos trabajando en la denuncia de las inversiones en armas también desde la campaña Banca ArmadaBBVA sin armasBanco Santander sin armasCaixabank sin armas y Banco Sabadell sin armas.