Organizaciones insisten en la existencia de “pactos de silencio” en las Fuerzas Armadas de Chile.

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La declaración de los ex conscriptos Fernando Guzmán y Pedro Franco Rivas en el llamado “Caso Quemados” pareció confirmar la presencia de pactos de silencio por parte de las Fuerzas Armadas en cuando a las violaciones a los Derechos Humanos registrados en la dictadura.

Sin embargo, el ex magistrado Alejandro Solís, en conversación con Radio Universidad de Chile cuestionó la existencia de pactos y afirmó que a su juicio se remiten simplemente al “delito de encubrimiento”.

En ese sentido, el director de Ceibo Ediciones y autor del libro La Cofradía Blindada, Daúno Tótoro, afirmó que hay que poner fin a los eufemismos.

“En este país donde el eufemismo se ha impuesto como discurso político hablamos ahora de pactos de silencio, pero el primer pacto de silencio en este país en los últimos 40 años es lo que conocemos como transición, ese es un pacto de silencio, una negociación entre la dictadura y las colaciones democráticas que reemplazarían a esta en el poder. Un pacto que se fundó sobre leyes secretas, compromisos de inalterabilidad del camino elegido y que se mantiene hasta el día de hoy”, afirmó.

Por su parte, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, se refirió a las “trabas” que persisten en nuestro país y que permiten que siga presente la impunidad. Para la dirigenta se ha observado una nula voluntad de los gobiernos de la Concertación de avanzar de forma efectiva en la materia, y afirmó que la actual administración sólo trata el tema de forma mediática.

“Todo es comunicacional. En el programa de La Nueva Mayoría de Derechos Humanos lo primero que se iba a ser, habiendo mayoría, era anular el Decreto de Ley de Amnistía y hasta aún no se ha hecho. Cuando se unió el señor Burgos en defensa, nos presentó al equipo jurídico que pondría en marcha el proyecto de ley de degradación de los militares, lo que después cambió”, afirmó la dirigenta.

La dirigenta coincidió con que la razón central del atraso y los impedimentos a la hora de investigar está en los acuerdos realizados en la transición, principalmente en el secreto acordado por cincuenta  años a los antecedentes recolectados por la Comisión Valech y la confidencialidad que recae en los informes Rettig y Valech II.

Sobre  esto se refirió también el coordinador del Comando Unitario de ex Presos Políticos y Familiares, Miguel Retamal. “La política de estos 22 o 23 años de transición ha esperado eso, que nos muramos todos. Por eso es que son 50 años en silencio. Se supone que en esos 50 años ya no va a quedar nadie para que hable de este tema”, sostuvo.

Las organizaciones añadieron que a esto se suma el que, en la práctica, las Fuerzas Armadas “no están subordinadas al Gobierno”, lo que se observa cuando la Justicia ordena entregar información, como los nombres de los ex integrantes de la CNI traspasados al Ejército y éstas simplemente hacen caso omiso de la orden de los tribunales.

Además, hicieron un llamado a que septiembre no se cristalice como “el mes de los Derechos Humanos” ya que únicamente con un trabajo constante se logrará hacer frente al secreto institucional.

Fuente: Radio Universidad de Chile.

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El Liceo Militar de Mendoza (Arg.), fue señalado como lugar de detención durante la dictadura.

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El espacio público es el lugar simbólico por excelencia de manifestación, expresión y disputa de la memoria colectiva de un pueblo. Ayer la inauguración de carteles recordando el accionar del terrorismo de Estado en Mendoza durante la última dictadura militar despertó reacciones a favor y en contra, y también expresiones de violencia e intolerancia.

Por ley e iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuatro lugares de detención clandestina de personas quedaron señalizados. Se inauguraron placas en el Liceo Militar General Espejo, el Hospital Militar de Mendoza, el Casino de Suboficiales y la Compañía de Comandos y Servicios de la Brigada de Infantería. Hoy se descubrirá una en el campo Las Lajas.

Familiares de desaparecidos, víctimas de la dictadura y organismos de derechos humanos acompañaron la iniciativa con entusiasmo y respeto, ya que consideran el gesto como un paso más en el reconocimiento y la reparación de las atrocidades vividas. “Hace visible el impacto del plan sistemático de exterminio y expresa en el espacio el compromiso de la democracia de dar a conocer y condenar estos crímenes”, indicaron.

No opinaron lo mismo alumnos, familiares y ex estudiantes del Liceo General Espejo que se convocaron en la vereda de enfrente del acto a repudiar la señalización y a amenazar con quitarla. “Vamos a sacar ese cartel esta noche mismo”, dijo un joven que no quiso identificarse. Los padres –no más de cinco– se manifestaron enojados con la propuesta y dijeron que sus hijos “son gente de bien, con valores, que no salen a robar, ni son unos vagos que reciben planes sociales”, explicando al mismo tiempo que es “vergonzoso que se los asocie con la dictadura”.

“No secuestraron, torturaron, ni mataron a nadie. Este tipo de homenajes sigue insistiendo en abrir heridas del pasado”, dijeron. “Venir hoy, 30 años después, a colocar un cartel para marcar este tipo de cosas es más o menos lo mismo que si me colgaran uno de genocida por no tener un apellido indígena. La historia es bastante clara para que venga este Gobierno a hacernos docencia”, opinó Gabriel Cabrera, entre los reunidos. Hasta hubo uno de los padres que justificó el terrorismo de Estado diciendo: “Deberían haber desaparecido a más personas”.

En desacuerdo con la medida, señalaron que pedirán a las autoridades del Liceo que se coloque al lado del cartel otro, indicando los logros del establecimiento. “Cómo les decimos a nuestros hijos que donde estudian asesinaron a gente, no están preparados”, dijo una de las madres indignadas.

Sus opiniones eran emitidas al mismo tiempo que miembros de agrupaciones políticas y un centenar de personas descubrían la placa. En medio, algunos vehículos que transitaban por Boulogne Sur Mer tocaban bocina y sacaban la cabeza por la ventanilla para insultar a la gente que realizaba el histórico homenaje. “Este país es una joda” o “viva el Liceo, viva la Patria”, fueron algunas de las expresiones de los conductores.

Sin embargo, ninguna de estas ofensas fue respondida por las personas que participaron en el acto que se desarrolló como estaba previsto después de las 17.

Natalia Brite, delegada provincial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fue la encargada de decir unas palabras frente a los reunidos y su discurso se centró en la importancia de la señalética en cuanto a la función pedagógica que cumple para la conservación de la memoria de las futuras generaciones de argentinos.


Julio Cobos, egresado del Liceo Militar General Espejo señaló: “Debe quedar en claro el objetivo y deslindar a la institución educativa respecto de la conducción irresponsable que existió durante el proceso militar. Ellos fueron los responsables de los delitos que allí se cometieron”.

Presión militar impide cerrar cárcel chilena de lujo para criminales de DDHH, denuncia abogado.

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El Ejército de Chile se resiste al cierre de la cárcel de Punta Peuco, donde cumplen penas en condiciones de privilegio agentes de la última dictadura condenados por crímenes de derechos humanos, indicó el abogado Cristian Cruz a Sputnik Nóvosti.

“Los militares y las Fuerzas Armadas en general están ejerciendo mucha presión; es bien sabido que sectores del Gobierno, principalmente el ministro del Interior (Jorge Burgos) y la misma presidenta (Michelle Bachelet) sienten una gran simpatía hacia el mundo militar”, sostuvo Cruz, jurista especializado en derechos humanos.

“Llama la atención que el Gobierno no sea capaz de darnos una información precisa y clara; simplemente lo ha esquivado”, agregó.

La presidenta Bachelet “se comprometió” a cerrar Punta Peuco en este mes de septiembre en una reunión que mantuvo en julio con una víctima de la dictadura, Carmen Gloria Quintana, quemada viva en 1986 por una patrulla militar durante una protesta contra el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) junto al fotógrafo Rodrigo Rojas, fallecido por las graves heridas que sufrió.

Fue Quintana quien mencionó este supuesto compromiso a los medios de comunicación, si bien la mandataria no se refirió públicamente al asunto.

Poco después, el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, aseguró que el cierre de Punta Peuco era una “decisión que se encuentra en evaluación permanente por parte del Gobierno”.

“Yo desconozco la conversación específica; no estuve en la reunión, pero está en evaluación permanente”, aclaró Díaz a la prensa local.

Por su parte, el jefe del ejército, Humberto Oviedo, dijo la semana pasada que el cierre de Punta Peuco no es necesario pues se trata de “un penal como otros”, informó la prensa chilena.

DECISIÓN POLÍTICA

Para el abogado Cruz el cierre de la prisión es una decisión política y prueba de ello “es que Sebastián Piñera (predecesor de Bachelet) cuando dejó su cargo cerró el penal Cordillera”, que albergaba a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Los reclusos del penal Cordillera fueron enviados a Punta Peuco en septiembre de 2013.

“Si pudo cerrarlo un Gobierno de derechas (como el de Piñera) no entendemos por qué este (de centroizquierda) no lo hace con Punta Peuco”, agregó Cruz a Sputnik Nóvosti.

Mantener abierta esta cárcel significa “la instauración y la continuidad de la desigualdad”, en especial para las víctimas de la dictadura y los familiares de muertos y desaparecidos, apuntó Cruz.

PRIVILEGIOS

Las condiciones de reclusión de Punta Peuco nada tienen que ver con las de otras cárceles, sostuvo este experto, puesto que “cuenta con áreas exclusivas para ellos y sus familias, posibilidad de hacer asados, sistemas de comunicación con el exterior y máquinas de ejercicio”, en definitiva, “facilidades de las que carece el resto de la población penal”.

“Están en unas condiciones bastante benevolentes. Algunos canales de televisión han hecho reportajes sobre el lugar y también han acudido grupos de parlamentarios y todos dan cuenta de la gran flexibilidad que tienen los internos”, agregó.

Unas 100 personas están recluidas en Punta Peuco, estimó Cruz, y los internos “no son solo violadores de derechos humanos”, sino que también hay “algunos funcionarios de la policía civil que han sido condenados por actos de corrupción” en los últimos años y que, por tanto, “nada tienen que ver con la dictadura”.

En opinión de Cruz, no supondría ningún problema que los reos de Punta Peuco fueran trasladados a una cárcel común, puesto que ya sucedió con César Palma Ramírez, “agente del grupo de extrema derecha Patria y Libertad que fue condenado por crímenes en la dictadura”.

Palma Ramírez está recluido en una prisión en Puerto Montt, sur del país, “y no ha habido ningún problema con él”.

“Hoy en día la Gendarmería (fuerza responsable del sistema carcelario) tiene los mecanismos necesarios para mantenerlos segregados en condiciones que no sean de privilegio”, precisó Cruz.

El penal de Punta Peuco fue abierto en 1995 para que el brigadier Pedro Espinoza y el ahora fallecido general Manuel Contreras, uno de los criminales más notorios de la dictadura chilena, cumplieran sus penas por el asesinato en 1976 del excanciller y ministro de Defensa, Orlando Letelier.

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