Declaración de la Red Antimilitarista Latinoamericana y del Caribe (RAMALC), en solidaridad con las víctimas de Ayotzinapa y todos las y los desaparecidos del México.

IMG_6277

La Red Antimilitarista Latinoamericana y del Caribe (RAMALC), presente en la ciudad de México a los 23 días del mes de septiembre de 2015, con representantes de los países Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Paraguay, Cuba, Brasil, Bolivia, antimilitaristas de Serbia, y Estados Unidos, junto sus pares de México, queremos expresar nuestra solidaridad con las madres, padres familiares víctimas de los 43 normalistas alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en el Estado de Guerrero.

Los hechos ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que policías federales y municipales de Iguala persiguieron y atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, periodistas y civiles, dejando un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 43 estudiantes desaparecidos y 27 heridos, se ha convertido en uno de los hechos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos no sólo en la República Mexicana sino en todas las latitudes.

A días de cumplirse 1 año de la desaparición, familiares víctimas emprenden un ayuno para exigir que aparezcan sus hijos. Ciudadanos y ciudadanas mexicanos y del mundo nos unimos en solidaridad a su derecho a la manifestación pacífica en la exigencia de pruebas de vida, justicia, verdad y no impunidad.

De igual forma en conmemoración a un año de este terrible acontecimiento y la falta de respuestas, y de cara a los resultados de las investigaciones del comité de expertos de la CIDH, marcharemos en apoyo, solidaridad con esta lucha que no es sólo de familiares víctimas sino de toda persona que busca que hechos como estos no queden en el olvido, que no ocurran, que aparezcan los desaparecidos y que no haya injusticia, ni impunidad.

Recordamos que todas las personas tienen derecho a la manifestación pacífica, ayunos, concentraciones, marchas, protestas, lo que significa expresar en público, de manera individual o colectiva, y por medios no violentos, la insatisfacción, el desacuerdo o la indignación con hechos o situaciones que les afecten directamente, en la exigencia de sus derechos, la verdad, la justicia y la no impunidad, en el marco de una sociedad libre y democrática.

El ayuno es una herramienta de lucha no violenta, inserta dentro del derecho a la manifestación pacífica consagrada en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por tanto debe ser respetada, garantizada tomando todas las medidas de protección por parte de las autoridades para que pueda ejercerse plenamente. Recordamos que los protocolos internacionales en Derechos Humanos obligan a los Estados a garantizar la no intervención bajo ninguna forma de coacción, y la protección para huelguistas, así como de todo manifestante que les acompañen durante la jornada.

La gravedad de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, la conmoción y consternación mundial ante estas desapariciones obliga al Estado Mexicano a disponer de todas las acciones y recursos que den respuesta inmediata a los familiares víctimas y permitan que este caso no se constituya en uno de los hechos más lamentables de la historia reciente de Latinoamérica y el mundo.

Así mismo, exigimos a las autoridades mexicanas que debe permitirse acceso a familiares y expertos CIDH a todos los lugares incluidos las instalaciones y campos militares, donde se sospeche puedan estar ubicados los estudiantes.

Los primeros resultados del comité de expertos CIDH obligan al estado mexicano en cumplimiento de sus obligaciones en intensificar esfuerzos en la búsqueda de los desaparecidos, en la búsqueda de la verdad, la justicia y la no impunidad.

La desaparición forzada constituye uno de los crímenes de lesa humanidad más graves, abogamos porque todos los casos previos y posteriores a los de Ayotzinapa sean esclarecidos y sus responsables sean sancionados.

Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Anuncios

Presión militar impide cerrar cárcel chilena de lujo para criminales de DDHH, denuncia abogado.

Untitled-6

El Ejército de Chile se resiste al cierre de la cárcel de Punta Peuco, donde cumplen penas en condiciones de privilegio agentes de la última dictadura condenados por crímenes de derechos humanos, indicó el abogado Cristian Cruz a Sputnik Nóvosti.

“Los militares y las Fuerzas Armadas en general están ejerciendo mucha presión; es bien sabido que sectores del Gobierno, principalmente el ministro del Interior (Jorge Burgos) y la misma presidenta (Michelle Bachelet) sienten una gran simpatía hacia el mundo militar”, sostuvo Cruz, jurista especializado en derechos humanos.

“Llama la atención que el Gobierno no sea capaz de darnos una información precisa y clara; simplemente lo ha esquivado”, agregó.

La presidenta Bachelet “se comprometió” a cerrar Punta Peuco en este mes de septiembre en una reunión que mantuvo en julio con una víctima de la dictadura, Carmen Gloria Quintana, quemada viva en 1986 por una patrulla militar durante una protesta contra el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) junto al fotógrafo Rodrigo Rojas, fallecido por las graves heridas que sufrió.

Fue Quintana quien mencionó este supuesto compromiso a los medios de comunicación, si bien la mandataria no se refirió públicamente al asunto.

Poco después, el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, aseguró que el cierre de Punta Peuco era una “decisión que se encuentra en evaluación permanente por parte del Gobierno”.

“Yo desconozco la conversación específica; no estuve en la reunión, pero está en evaluación permanente”, aclaró Díaz a la prensa local.

Por su parte, el jefe del ejército, Humberto Oviedo, dijo la semana pasada que el cierre de Punta Peuco no es necesario pues se trata de “un penal como otros”, informó la prensa chilena.

DECISIÓN POLÍTICA

Para el abogado Cruz el cierre de la prisión es una decisión política y prueba de ello “es que Sebastián Piñera (predecesor de Bachelet) cuando dejó su cargo cerró el penal Cordillera”, que albergaba a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Los reclusos del penal Cordillera fueron enviados a Punta Peuco en septiembre de 2013.

“Si pudo cerrarlo un Gobierno de derechas (como el de Piñera) no entendemos por qué este (de centroizquierda) no lo hace con Punta Peuco”, agregó Cruz a Sputnik Nóvosti.

Mantener abierta esta cárcel significa “la instauración y la continuidad de la desigualdad”, en especial para las víctimas de la dictadura y los familiares de muertos y desaparecidos, apuntó Cruz.

PRIVILEGIOS

Las condiciones de reclusión de Punta Peuco nada tienen que ver con las de otras cárceles, sostuvo este experto, puesto que “cuenta con áreas exclusivas para ellos y sus familias, posibilidad de hacer asados, sistemas de comunicación con el exterior y máquinas de ejercicio”, en definitiva, “facilidades de las que carece el resto de la población penal”.

“Están en unas condiciones bastante benevolentes. Algunos canales de televisión han hecho reportajes sobre el lugar y también han acudido grupos de parlamentarios y todos dan cuenta de la gran flexibilidad que tienen los internos”, agregó.

Unas 100 personas están recluidas en Punta Peuco, estimó Cruz, y los internos “no son solo violadores de derechos humanos”, sino que también hay “algunos funcionarios de la policía civil que han sido condenados por actos de corrupción” en los últimos años y que, por tanto, “nada tienen que ver con la dictadura”.

En opinión de Cruz, no supondría ningún problema que los reos de Punta Peuco fueran trasladados a una cárcel común, puesto que ya sucedió con César Palma Ramírez, “agente del grupo de extrema derecha Patria y Libertad que fue condenado por crímenes en la dictadura”.

Palma Ramírez está recluido en una prisión en Puerto Montt, sur del país, “y no ha habido ningún problema con él”.

“Hoy en día la Gendarmería (fuerza responsable del sistema carcelario) tiene los mecanismos necesarios para mantenerlos segregados en condiciones que no sean de privilegio”, precisó Cruz.

El penal de Punta Peuco fue abierto en 1995 para que el brigadier Pedro Espinoza y el ahora fallecido general Manuel Contreras, uno de los criminales más notorios de la dictadura chilena, cumplieran sus penas por el asesinato en 1976 del excanciller y ministro de Defensa, Orlando Letelier.

Lea más en http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20150923/1051683515.html#ixzz3n5hyiGFZ

Lea más en http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20150923/1051683515.html#ixzz3n5hYsSRX

Consiguen la prohibición de la financiación de las municiones en racimo, minas antipersonal y otras armas de efectos similares en España

logo_newsletter

Conseguimos la prohibición de la financiación de las municiones en racimo, minas antipersonal y otras armas de efectos similares.

Comunicado del Centre Delàs d’Estudis per la Pau con motivo de la modificación de la Ley 33/1998 de prohibición total de minas antipersonas y armas de efecto similar

Desde el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, como entidad impulsadora de la campaña Stop inversiones explosivas, tenemos la gran satisfacción de anunciar que hemos conseguido que se apruebe la prohibición explícita de todo tipo de financiación de las municiones en racimo, minas antipersonal y otras armas de efectos similares.

España es ahora, gracias al éxito de la campaña Stop Inversiones Explosivas, el décimo país en prohibir la financiación de las bombas de racimo.
La Ley 27/2015 del 28 de julio, que modifica la Ley 33/1998 de prohibición total de minas antipersonas y armas de efecto similar, prohíbe ahora la financiación de estas armas.

La aprobación de esta ley es una nueva etapa hacia el desarme y la paz. Ahora, además de la prohibición del uso, producción, comercio y almacenamiento de bombas de racimo desde la firma de un acuerdo mundial en 2008 por parte de 107 países, las entidades financieras  españolas ya no podrán financiar la producción de estas terribles armas en países que no han firmado aún el tratado.
Desde el Centro Delàs seguiremos trabajando en la denuncia de las inversiones en armas también desde la campaña Banca ArmadaBBVA sin armasBanco Santander sin armasCaixabank sin armas y Banco Sabadell sin armas.

El Vaticano es partidario de una intervención militar contra el Estado Islámico

2015_3_16_PHOTO-59a952960d3912f9e2da91a5ec2629f2-1426523110-35

El principal representante diplomático del Vaticano ante las Naciones Unidas en Ginebra, el arzobispo italiano Silvano Tomasi, ha respaldado una intervención militar en forma de fuerza internacional coordinada para impedir que el llamado Estado Islámico siga protagonizando ataques en Siria e Irak contra los cristianos y otros grupos minoritarios.

“Tenemos que parar esta especie de genocidio(…). De lo contrario, en el futuro nos preguntaremos por qué no hicimos nada, por qué permitimos que una tragedia tan terrible sucediera”, ha afirmado monseñor Tomasi en una entrevista con el periódico católico Crux.

En concreto, Tomasi ha detallado que cualquier coalición anti-ISIS tiene que incluir a los estados musulmanes de Oriente Medio y no puede constituir simplemente una “iniciativa occidental”. Asimismo, ha explicado que dicha división militar internacional debería desarrollarse bajo la égida de las Naciones Unidas.

Para Tomassi, una coalición anti-ISIS debería incluir a “los países más directamente involucrados en Oriente Medio“, es decir los Estados musulmanes de la región. “Lo que se necesita es una coalición coordinada y bien pensada, con objeto de hacer todo lo posible para lograr una solución política sin violencia”, ha explicado. En este sentido, ha precisado que “si eso no es posible, entonces será necesario usar la fuerza”.

El representante vaticano presentó la semana pasada ante el Consejo deDerechos Humanos de la ONU en Ginebra una declaración titulada “Apoyo a los Derechos Humanos de los cristianos y otras comunidades, especialmente en Oriente Medio”, elaborada conjuntamente con la Federación de Rusia y el Líbano, que reúne a un total de 70 países.

Fuente: lainformación.com

México: Un Estado policial-militar (Raúl Zibechi)

44 Amarillo, Texas to Albuquerque, New Mexico

Mientras el presidente Peña Nieto es recibido con alfombra roja, su policía y los servicios de seguridad tienen las manos manchadas de sangre», dijo Tom Davies, jefe de la campaña de Amnistía Internacional en el Reino Unido contra la aplicación de la tortura en México. La organización se pregunta por qué un personaje cuyas manos están manchadas de sangre es alojado en el Palacio de Buckingham. La respuesta vino de la mano del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien aseguró que al capital no le asusta la violencia mexicana.

Meses atrás la revista «Forbes» aseguraba que México ostenta uno de los mejores climas de negocios del mundo («Forbes», 7 de julio de 2014). Es evidente que masacres como la de Ayotzinapa, la muerte de más de cien mil mexicanos y la desaparición de más de 20 mil personas no afectan la confianza del empresariado. Este tipo de estudios se realizan consultando directores, editores y periodistas de medios de comunicación económicos y políticos. En América Latina, los dos países que van por delante en optimismo económico son Colombia y México, precisamente aquellos donde la violencia es mayor.

De lo anterior podrían sacarse algunas conclusiones sobre el verdadero papel de la democracia electoral como forma de control y disciplinamiento de los trabajadores, así como de la profunda insensibilidad social del capital financiero. El capital busca seguridad, pero no la que a veces imaginamos, una sociedad segura, sino apenas orden vertical en los espacios-islas donde realiza sus negocios y residen sus ejecutivos. México es un vivo ejemplo de esto.

Las instituciones no funcionan y tienen bajísima credibilidad. Un reciente estudio muestra que la desconfianza en las diversas policías y en la justicia oscila entre el 79 y el 93% y que el mercado de seguridad privada creció un 58% entre 2007 y 2013 («La Jornada», 21 de febrero de 2015). Eso quiere decir seguridad para quien pueda pagarla.

En paralelo, debe destacarse que las clases dominantes han renunciado a la legitimidad de sus aparatos e instituciones, que ya no les preocupa gobernar en base al consenso y la hegemonía, y que optaron lisa y llanamente por la dominación. O sea, por imponerse a la fuerza. Algo así piensa el profesor de ciencia política Imanol Ordorika sobre el Estado mexicano, al que define como un Estado en crisis.

«Había un Estado fuerte y autoritario con el PRI (Partido de la Revolución Institucional), con gran capacidad de articulación social. Pero ese mecanismo que llamamos partido de Estado, se rompió y nada lo sustituyó, de modo que todo quedó suelto: el narco, los sindicatos priistas, los empresarios. El resultado es que no hay legitimidad para operar con ningún actor», sostiene en un largo y reposado intercambio.

A la falta de credibilidad de las instituciones se suma la caída de los precios del petróleo y la amenaza de colapso económico, con potentes movilizaciones sociales de los más variados sectores de la sociedad (pero sin movimientos de alcance nacional) y una izquierda que ha dejado de ser alternativa, sobre todo para los jóvenes. Casi la mitad de ellos desconfían de los partidos. El telón de fondo es la creciente militarización de la vida cotidiana, la presencia sofocante de uniformados especialmente visible en las ciudades intermedias.

Algo que sorprende, y alarma, en México, es el carácter de la represión. Quienes vivimos las dictaduras del Cono Sur, sabemos que la represión estuvo focalizada en militantes políticos y sociales, desde guerrilleros a sindicalistas. El objetivo parecía claro: eliminar a los disidentes. Pero en México se registra una violencia indiscriminada y difusa, que afecta sobre todo a personas no vinculadas a los movimientos y a los partidos, y solo puntualmente se focaliza en los militantes. Los migrantes que se dirigen a Estados Unidos son uno de los sectores más golpeados.

La palabra caos surge para describir una sociedad en descomposición. Pero no es un caos cualquiera. Para Ordorika no se trata de un caos programado, sino fruto de las improvisaciones y errores del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) en su «guerra al narcotráfico». Los compara incluso con los desvaríos de George W. Bush en sus fracasadas invasiones a Irak y Afganistán. Sin embargo, de este caos se benefician unos pocos y, muy en particular, los Estados Unidos. Lo que permite intuir que si no lo planificaron, por lo menos saben moverse de maravilla en este escenario.

Un efecto directo de la crisis del Estado y del caos social y político imperante afecta a las izquierdas centradas en las elecciones. El viejo partido de las izquierdas, el PRD (Partido de la Revolución Democrática), está implicado en la masacre de Ayotzinapa y enlodado con el narcotráfico. Hace tiempo dejó de ser referente de cambios. «Desde 1994 el PRD perdió toda tensión por los cambios. Fui candidato y vocero en la campaña. Pero ya se había burocratizado y separado de los movimientos. Hoy es una alianza muy amplia y pragmática alrededor del dinero», asegura Ordorika, quien vivió el proceso desde las entrañas.

El nuevo partido creado en torno a Andrés Manuel López Obrador, Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), tuvo amplia credibilidad luego del fraude en las elecciones e 2006, cuando encabezó importantes movilizaciones. Sin embargo, Ordorika sostiene que practica la misma cultura política que el PRD. «En 2006 estaban tan seguros que iban a ganar, que empezaron a repartir cargos antes de las elecciones», dice con tono de amargura. Hoy lo visualiza desdibujado y sin el menor atractivo para los jóvenes. Otros analistas explican que es un partido enraizado entre los mayores de 40 años.

La pregunta a estas izquierdas es: ¿Qué sentido tiene asumir instituciones decadentes, estructuralmente moldeadas para reprimir y dominar? En las tres últimas décadas, cada vez que las izquierdas optaron por gobernar el Estado-nación, las gobernaciones y municipios acabaron deslegitimados. Ahora se está produciendo un intenso debate sobre si conviene o no participar en las elecciones en el estado de Guerrero, cuando los peajes de la autopista que va del Distrito Federal hasta Acapulco están tomados por cientos de familiares y amigos de los desaparecidos de Ayotzinapa.

El gran desafío es convertir las extensas movilizaciones en movimientos de largo aliento. Solo ese tipo de movimientos son capaces de modificar, a la vez, la cultura política hegemónica y la relación de fuerzas entre dominados y dominadores. Si ese paso no se concreta, la energía social desatada a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se disipará sin dejar legados políticos, sociales y culturales. Fuera de Chiapas no se han conformado movimientos potentes, o los que nacieron fueron tragados por la dinámica institucional.

Parece claro que el zapatismo sigue siendo inspirador de los rebeldes en muchos rincones de México. Pero en cada lugar la rebeldía deberá asumir formas propias, con o sin coordinación nacional, pero seguramente confluyendo con todos los movimientos locales. En este momento, los familiares de Ayotzinapa tienen la legitimidad y el coraje suficientes para seguir aglutinando el amplio e incontenible descontento social.

Fuente: naiz.eus

Las siete diferencias entre un juicio a niños mapuches y grandes banqueros.

B_QFwqFU4AE-jTM

El día 4 de marzo se dio inicio a la audiencia de formalización por el denominado caso Penta contra los dueños bancarios de la firma, ex ejecutivos y ex funcionarios de Servicios Impuestos por la utilización de las denominadas “facturas ideológicamente falsas”

Sorprendentemente fue ver que los imputados del CASO PENTA se encontraban cómodamente en la sala del  Centro de Justicia, ninguno de ellos se encontraba esposados, es mas mucho de ellos se encontraban junto a sus abogados personales portando en todo momentos sus celulares y computadoras

En cambio en la formalizacion de los 3 menores de edad pertenecientes a la comunidad Mapuche Coñomil Epuleo, quienes  fueron detenidos en un proceso de reivindicatorio de tierra ancestrales,fue totalmente distinto, los menores  ingresaron a la sala de la Audiencia engrillados y esposados de pies y mano, ademas de estar custodiado permanentemente de Gerndarmes.

Con este tipo de hechos, queda demostrado el trato que tiene la justicia chilena con personas perteneciente a un estatus ABC1 y a una Comunidad Mapuche.

Fuente: Werken.cl

penta-niños-mapuche

Spring Rising: Una intervención antiguerra en Washington-DC

6153931_orig

Durante cuatro días (18,19, 20 y 21 de marzo) se ha realizado el “Spring Rising”, manifestación de resistencia que conmemora los ataques contra Irak por parte de las tropas de EEUU. La iniciativa contempla manifestaciones de teatro, performance y marchas contra las invasiones y ocupaciones militares en un contexto político-militar en que el congreso estadounidense sigue llamando a la guerra, y el presidente ,Barak Obama, da avisos de una nueva “guerra global contra el terror”.

En el comunicado de “Spring Rising”, se invitó a todos y todas quienes protestaban contra la violencia policial, contra los ataques en Gaza y la islamofóbia producida en EEUU.

Más info: springrising.org