Nosotros y nosotras, un grupo de personas y organizaciones que conforman la Red Antimilitarista Latinoamericana y del Caribe, así como otros grupos y personas afines de 11 países de la región, queremos expresar nuestra solidaridad con el proceso de lucha y resistencia que las comunidades del municipio de Lerma, estado de México, protagonizan para defender su hábitat y sus usos y costumbres tradicionales, amenazadas hoy por el proyecto de construcción del proyecto de autopista Toluca-Naucalpan, el cual atravesará el Gran Bosque Otomí-Mexica, , un corredor natural milenario que representa el pulmón central de la región más densamente poblada de México.
En una visita realizada a las comunidades de Huitzizilapan y Xochicuautla, el pasado 21 de septiembre, nos permitió escuchar de los líderes comunitarios y miembros de la comunidad los testimonios acerca de las razones del rechazo de la población al proyecto. A finales del año 2007, sin realizar ningún proceso de consulta previa con la comunidad, el gobierno comenzó la construcción de la carretera, la cual según el proyecto afectaría a grandes hectáreas de bosque y viviendas de diferentes municipios, habitados mayoritariamente por población indígena. La decisión inconsulta generó la reacción de la comunidad, por lo que las autoridades intentaron legitimar la infraestructura realizando un irregular registro de comuneros y comuneras que estuvieran de acuerdo con las obras, con quienes realizaron reuniones que denominaron asambleas, dejando por fuera a todas las organizaciones que cuestionaban el impacto social y ambiental de la autopista. Xochicuautla y otros pueblos originarios afectados organizaron, en mayo del 2011, la primera “Cumbre de los Pueblos Originarios de la Zona Protegida Otomí-Mexica”, para exigir un alto a la destrucción y las amenazas en contra de su naturaleza y cultura, responsabilizando de estos actos al empresario Juán Armando Hinojosa Cantú del Grupo Higa (conglomerado económico que lidera este megaproyecto) y al presidente Enrique Peña Nieto. La respuesta gubernamental ha sido persistir en el proyecto, enviar centenares de granaderos para proteger los intereses de la empresa privada y detener a 22 personas de la comunidad que intentaron, de manera pacífica, impedir la entrada de la maquinaria a los territorios. Además, se ha intentado modificar jurídicamente el uso de los suelos para darle legitimidad formal a lo que la comunidad califica como “despojo”.
Ante este escenario las comunidades indígenas mantienen un campamento de resistencia desde hace más de cuatro meses y afirman que detrás de la carretera vendrán grandes obras de infraestructura y edificaciones inmobiliarias que ocasionarán su desplazamiento, rompiendo con ello los tejidos sociales y culturales de las comunidades. Además, se afectarán sitios sagrados y ceremoniales, donde se realizan diferentes fiestas religiosas. Por último, el llamado Cerro Sagrado del Agua, uno de los afluentes hídricos que surte a la región, incluyendo a la propia Ciudad de México, estaría en riesgo de contaminación.
La situación de las comunidades de Huitzizilapan y Hoxicouautla, la construcción de grandes infraestructuras que posibilitarán la profundización de actividades extractivas, sucede no sólo en otros sitios del Estado mexicano sino en muchos países de América Latina y el Caribe. Las resistencias de comunidades indígenas y campesinas han sido, en los últimos años, tanto la principal razón de movilizaciones populares como el objetivo de las campañas de criminalización de la protesta realizadas por los gobiernos, en las cuales se han asesinado y detenido manifestantes, procesándolos bajo delitos de terrorismo y sustituyendo a las organizaciones legítimas y tradicionales indígenas por otras que posibilitan la realización de actividades extractivas en territorios originarios y lugares de biodiversidad frágil. Ninguno de estos proyectos sería posible sin la progresiva militarización de los territorios y de los cuerpos de las personas que los habitan. La preponderancia y crecimiento de los ejércitos y los valores militares en América Latina y el Caribe es funcional al modelo de dominación promovido por el capitalismo globalizado para la región: proveedor de manera segura y confiable de recursos energéticos y materias primas, al menor costo posible, al mercado global, independientemente de las consecuencias sociales y ambientales que esta particular visión de “desarrollo” genera.
Como activistas antimilitaristas seguiremos expresando nuestra solidaridad con las luchas populares como las realizadas en Huitzizilapan y Hoxicuautla, denunciando las agresiones contra los pueblos y las violaciones a los derechos humanos contra las poblaciones, aumentando los lazos de solidaridad entre las diferentes luchas y resistencias que se realizan en actualidad en América Latina.
Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe (RAMALC)
Octubre de 2015
Ni casco ni uniforme 