Antimilitaristas cercan la industria militar

Colectivos ecologistas y antimilitaristas han celebrado este sábado por las carreteras vizcaínas una marcha ciclista contra el gasto y la industria militar en la que han denunciado “la implicación institucional con las empresas de armas vascas”

En la marcha, que ha arrancado pasadas las 11.00 horas de las inmediaciones de la Diputación vizcaína y ha finalizado ante la empresa Sener, en Getxo, los participantes han criticado que se “mientras reducen las partidas destinadas al gasto social se produce una ampliación de recursos destinados al gasto militar dentro de los “Presupuestos Generales para 2016”.

“En la industria militar vasca participan un centenar de empresas. El País Vasco es la tercera comunidad con mayor facturación en producción militar en 2014, sólo detrás de Madrid y Andalucía”, han destacado. Asimismo, han advertido de que según datos del Ministerio de Defensa, “dos empresas vascas se colocaron entre las 10 empresas del Estado Español en facturación  de material militar: ITP y Aernnova”.

La Dirección General de Movilización Nacional entrega nómina de primeros seleccionados para Servicio Militar Obligatorio2016

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La Dirección General de Movilización Nacional reveló este jueves la lista de ciudadanos no voluntarios seleccionados para realizar el servicio militar en 2016.

Esto, luego que hasta el 30 de septiembre existieran sólo 10.500 ciudadanos ingresados a través del nuevo sistema de inscripción automática en los Registros Militares.

Debido a que la cifra no logra completar el mínimo de inscritos requeridos como voluntarios, este miércoles 14 de octubre se realizó el sorteo general.

El Subsecretario de Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar Tapia expresó a radio Biobíoque la carencia de voluntarios se debe a una “variable demográfica que se explica y retroalimenta por una mayor escolaridad de la población”.

En ese sentido, aclaró que “la mujer se diversifica, por lo que la edad del matrimonio y el primer hijo se van alejando a diferencias de sociedades de menor desarrollo relativo (…) y por ese camino el número de chilenos que nace año a año ha tenido una curva descendiente”.

Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe (Ramalc) expresa su solidaridad y apoyo a la lucha de las comunidades indígenas mexicanas contra la destrucción del Gran Bosque Otomí-Mexica

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Nosotros y nosotras, un grupo de personas y organizaciones que conforman la Red Antimilitarista Latinoamericana y del Caribe, así como otros grupos y personas afines de 11 países de la región, queremos expresar nuestra solidaridad con el proceso de lucha y resistencia que las comunidades del municipio de Lerma, estado de México, protagonizan para defender su hábitat y sus usos y costumbres tradicionales, amenazadas hoy por el proyecto de construcción del proyecto de autopista Toluca-Naucalpan, el cual atravesará el Gran Bosque Otomí-Mexica, , un corredor natural milenario que representa el pulmón central de la región más densamente poblada de México.

En una visita realizada a las comunidades de Huitzizilapan y Xochicuautla, el pasado 21 de septiembre, nos permitió escuchar de los líderes comunitarios y miembros de la comunidad los testimonios acerca de las razones del rechazo de la población al proyecto. A finales del año 2007, sin realizar ningún proceso de consulta previa con la comunidad, el gobierno comenzó la construcción de la carretera, la cual según el proyecto afectaría a grandes hectáreas de bosque y viviendas de diferentes municipios, habitados mayoritariamente por población indígena. La decisión inconsulta generó la reacción de la comunidad, por lo que las autoridades intentaron legitimar la infraestructura realizando un irregular registro de comuneros y comuneras que estuvieran de acuerdo con las obras, con quienes realizaron reuniones que denominaron asambleas, dejando por fuera a todas las organizaciones que cuestionaban el impacto social y ambiental de la autopista. Xochicuautla y otros pueblos originarios afectados organizaron, en mayo del 2011, la primera “Cumbre de los Pueblos Originarios de la Zona Protegida Otomí-Mexica”, para exigir un alto a la destrucción y las amenazas en contra de su naturaleza y cultura, responsabilizando de estos actos al empresario Juán Armando Hinojosa Cantú del Grupo Higa (conglomerado económico que lidera este megaproyecto) y al presidente Enrique Peña Nieto. La respuesta gubernamental ha sido persistir en el proyecto, enviar centenares de granaderos para proteger los intereses de la empresa privada y detener a 22 personas de la comunidad que intentaron, de manera pacífica, impedir la entrada de la maquinaria a los territorios. Además, se ha intentado modificar jurídicamente el uso de los suelos para darle legitimidad formal a lo que la comunidad califica como “despojo”.

Ante este escenario las comunidades indígenas mantienen un campamento de resistencia desde hace más de cuatro meses y afirman que detrás de la carretera vendrán grandes obras de infraestructura y edificaciones inmobiliarias que ocasionarán su desplazamiento, rompiendo con ello los tejidos sociales y culturales de las comunidades. Además, se afectarán sitios sagrados y ceremoniales, donde se realizan diferentes fiestas religiosas. Por último, el llamado Cerro Sagrado del Agua, uno de los afluentes hídricos que surte a la región, incluyendo a la propia Ciudad de México, estaría en riesgo de contaminación.

La situación de las comunidades de Huitzizilapan y Hoxicouautla, la construcción de grandes infraestructuras que posibilitarán la profundización de actividades extractivas, sucede no sólo en otros sitios del Estado mexicano sino en muchos países de América Latina y el Caribe. Las resistencias de comunidades indígenas y campesinas han sido, en los últimos años, tanto la principal razón de movilizaciones populares como el objetivo de las campañas de criminalización de la protesta realizadas por los gobiernos, en las cuales se han asesinado y detenido manifestantes, procesándolos bajo delitos de terrorismo y sustituyendo a las organizaciones legítimas y tradicionales indígenas por otras que posibilitan la realización de actividades extractivas en territorios originarios y lugares de biodiversidad frágil. Ninguno de estos proyectos sería posible sin la progresiva militarización de los territorios y de los cuerpos de las personas que los habitan. La preponderancia y crecimiento de los ejércitos y los valores militares en América Latina y el Caribe es funcional al modelo de dominación promovido por el capitalismo globalizado para la región: proveedor de manera segura y confiable de recursos energéticos y materias primas, al menor costo posible, al mercado global, independientemente de las consecuencias sociales y ambientales que esta particular visión de “desarrollo” genera.

Como activistas antimilitaristas seguiremos expresando nuestra solidaridad con las luchas populares como las realizadas en Huitzizilapan y Hoxicuautla, denunciando las agresiones contra los pueblos y las violaciones a los derechos humanos contra las poblaciones, aumentando los lazos de solidaridad entre las diferentes luchas y resistencias que se realizan en actualidad en América Latina.

Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe (RAMALC)
Octubre de 2015

Los 10 países con mayor poder militar

Organizaciones insisten en la existencia de “pactos de silencio” en las Fuerzas Armadas de Chile.

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La declaración de los ex conscriptos Fernando Guzmán y Pedro Franco Rivas en el llamado “Caso Quemados” pareció confirmar la presencia de pactos de silencio por parte de las Fuerzas Armadas en cuando a las violaciones a los Derechos Humanos registrados en la dictadura.

Sin embargo, el ex magistrado Alejandro Solís, en conversación con Radio Universidad de Chile cuestionó la existencia de pactos y afirmó que a su juicio se remiten simplemente al “delito de encubrimiento”.

En ese sentido, el director de Ceibo Ediciones y autor del libro La Cofradía Blindada, Daúno Tótoro, afirmó que hay que poner fin a los eufemismos.

“En este país donde el eufemismo se ha impuesto como discurso político hablamos ahora de pactos de silencio, pero el primer pacto de silencio en este país en los últimos 40 años es lo que conocemos como transición, ese es un pacto de silencio, una negociación entre la dictadura y las colaciones democráticas que reemplazarían a esta en el poder. Un pacto que se fundó sobre leyes secretas, compromisos de inalterabilidad del camino elegido y que se mantiene hasta el día de hoy”, afirmó.

Por su parte, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, se refirió a las “trabas” que persisten en nuestro país y que permiten que siga presente la impunidad. Para la dirigenta se ha observado una nula voluntad de los gobiernos de la Concertación de avanzar de forma efectiva en la materia, y afirmó que la actual administración sólo trata el tema de forma mediática.

“Todo es comunicacional. En el programa de La Nueva Mayoría de Derechos Humanos lo primero que se iba a ser, habiendo mayoría, era anular el Decreto de Ley de Amnistía y hasta aún no se ha hecho. Cuando se unió el señor Burgos en defensa, nos presentó al equipo jurídico que pondría en marcha el proyecto de ley de degradación de los militares, lo que después cambió”, afirmó la dirigenta.

La dirigenta coincidió con que la razón central del atraso y los impedimentos a la hora de investigar está en los acuerdos realizados en la transición, principalmente en el secreto acordado por cincuenta  años a los antecedentes recolectados por la Comisión Valech y la confidencialidad que recae en los informes Rettig y Valech II.

Sobre  esto se refirió también el coordinador del Comando Unitario de ex Presos Políticos y Familiares, Miguel Retamal. “La política de estos 22 o 23 años de transición ha esperado eso, que nos muramos todos. Por eso es que son 50 años en silencio. Se supone que en esos 50 años ya no va a quedar nadie para que hable de este tema”, sostuvo.

Las organizaciones añadieron que a esto se suma el que, en la práctica, las Fuerzas Armadas “no están subordinadas al Gobierno”, lo que se observa cuando la Justicia ordena entregar información, como los nombres de los ex integrantes de la CNI traspasados al Ejército y éstas simplemente hacen caso omiso de la orden de los tribunales.

Además, hicieron un llamado a que septiembre no se cristalice como “el mes de los Derechos Humanos” ya que únicamente con un trabajo constante se logrará hacer frente al secreto institucional.

Fuente: Radio Universidad de Chile.

El Liceo Militar de Mendoza (Arg.), fue señalado como lugar de detención durante la dictadura.

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El espacio público es el lugar simbólico por excelencia de manifestación, expresión y disputa de la memoria colectiva de un pueblo. Ayer la inauguración de carteles recordando el accionar del terrorismo de Estado en Mendoza durante la última dictadura militar despertó reacciones a favor y en contra, y también expresiones de violencia e intolerancia.

Por ley e iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuatro lugares de detención clandestina de personas quedaron señalizados. Se inauguraron placas en el Liceo Militar General Espejo, el Hospital Militar de Mendoza, el Casino de Suboficiales y la Compañía de Comandos y Servicios de la Brigada de Infantería. Hoy se descubrirá una en el campo Las Lajas.

Familiares de desaparecidos, víctimas de la dictadura y organismos de derechos humanos acompañaron la iniciativa con entusiasmo y respeto, ya que consideran el gesto como un paso más en el reconocimiento y la reparación de las atrocidades vividas. “Hace visible el impacto del plan sistemático de exterminio y expresa en el espacio el compromiso de la democracia de dar a conocer y condenar estos crímenes”, indicaron.

No opinaron lo mismo alumnos, familiares y ex estudiantes del Liceo General Espejo que se convocaron en la vereda de enfrente del acto a repudiar la señalización y a amenazar con quitarla. “Vamos a sacar ese cartel esta noche mismo”, dijo un joven que no quiso identificarse. Los padres –no más de cinco– se manifestaron enojados con la propuesta y dijeron que sus hijos “son gente de bien, con valores, que no salen a robar, ni son unos vagos que reciben planes sociales”, explicando al mismo tiempo que es “vergonzoso que se los asocie con la dictadura”.

“No secuestraron, torturaron, ni mataron a nadie. Este tipo de homenajes sigue insistiendo en abrir heridas del pasado”, dijeron. “Venir hoy, 30 años después, a colocar un cartel para marcar este tipo de cosas es más o menos lo mismo que si me colgaran uno de genocida por no tener un apellido indígena. La historia es bastante clara para que venga este Gobierno a hacernos docencia”, opinó Gabriel Cabrera, entre los reunidos. Hasta hubo uno de los padres que justificó el terrorismo de Estado diciendo: “Deberían haber desaparecido a más personas”.

En desacuerdo con la medida, señalaron que pedirán a las autoridades del Liceo que se coloque al lado del cartel otro, indicando los logros del establecimiento. “Cómo les decimos a nuestros hijos que donde estudian asesinaron a gente, no están preparados”, dijo una de las madres indignadas.

Sus opiniones eran emitidas al mismo tiempo que miembros de agrupaciones políticas y un centenar de personas descubrían la placa. En medio, algunos vehículos que transitaban por Boulogne Sur Mer tocaban bocina y sacaban la cabeza por la ventanilla para insultar a la gente que realizaba el histórico homenaje. “Este país es una joda” o “viva el Liceo, viva la Patria”, fueron algunas de las expresiones de los conductores.

Sin embargo, ninguna de estas ofensas fue respondida por las personas que participaron en el acto que se desarrolló como estaba previsto después de las 17.

Natalia Brite, delegada provincial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fue la encargada de decir unas palabras frente a los reunidos y su discurso se centró en la importancia de la señalética en cuanto a la función pedagógica que cumple para la conservación de la memoria de las futuras generaciones de argentinos.


Julio Cobos, egresado del Liceo Militar General Espejo señaló: “Debe quedar en claro el objetivo y deslindar a la institución educativa respecto de la conducción irresponsable que existió durante el proceso militar. Ellos fueron los responsables de los delitos que allí se cometieron”.

Declaración de la Red Antimilitarista Latinoamericana y del Caribe (RAMALC), en solidaridad con las víctimas de Ayotzinapa y todos las y los desaparecidos del México.

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La Red Antimilitarista Latinoamericana y del Caribe (RAMALC), presente en la ciudad de México a los 23 días del mes de septiembre de 2015, con representantes de los países Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Paraguay, Cuba, Brasil, Bolivia, antimilitaristas de Serbia, y Estados Unidos, junto sus pares de México, queremos expresar nuestra solidaridad con las madres, padres familiares víctimas de los 43 normalistas alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en el Estado de Guerrero.

Los hechos ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que policías federales y municipales de Iguala persiguieron y atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, periodistas y civiles, dejando un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 43 estudiantes desaparecidos y 27 heridos, se ha convertido en uno de los hechos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos no sólo en la República Mexicana sino en todas las latitudes.

A días de cumplirse 1 año de la desaparición, familiares víctimas emprenden un ayuno para exigir que aparezcan sus hijos. Ciudadanos y ciudadanas mexicanos y del mundo nos unimos en solidaridad a su derecho a la manifestación pacífica en la exigencia de pruebas de vida, justicia, verdad y no impunidad.

De igual forma en conmemoración a un año de este terrible acontecimiento y la falta de respuestas, y de cara a los resultados de las investigaciones del comité de expertos de la CIDH, marcharemos en apoyo, solidaridad con esta lucha que no es sólo de familiares víctimas sino de toda persona que busca que hechos como estos no queden en el olvido, que no ocurran, que aparezcan los desaparecidos y que no haya injusticia, ni impunidad.

Recordamos que todas las personas tienen derecho a la manifestación pacífica, ayunos, concentraciones, marchas, protestas, lo que significa expresar en público, de manera individual o colectiva, y por medios no violentos, la insatisfacción, el desacuerdo o la indignación con hechos o situaciones que les afecten directamente, en la exigencia de sus derechos, la verdad, la justicia y la no impunidad, en el marco de una sociedad libre y democrática.

El ayuno es una herramienta de lucha no violenta, inserta dentro del derecho a la manifestación pacífica consagrada en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por tanto debe ser respetada, garantizada tomando todas las medidas de protección por parte de las autoridades para que pueda ejercerse plenamente. Recordamos que los protocolos internacionales en Derechos Humanos obligan a los Estados a garantizar la no intervención bajo ninguna forma de coacción, y la protección para huelguistas, así como de todo manifestante que les acompañen durante la jornada.

La gravedad de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, la conmoción y consternación mundial ante estas desapariciones obliga al Estado Mexicano a disponer de todas las acciones y recursos que den respuesta inmediata a los familiares víctimas y permitan que este caso no se constituya en uno de los hechos más lamentables de la historia reciente de Latinoamérica y el mundo.

Así mismo, exigimos a las autoridades mexicanas que debe permitirse acceso a familiares y expertos CIDH a todos los lugares incluidos las instalaciones y campos militares, donde se sospeche puedan estar ubicados los estudiantes.

Los primeros resultados del comité de expertos CIDH obligan al estado mexicano en cumplimiento de sus obligaciones en intensificar esfuerzos en la búsqueda de los desaparecidos, en la búsqueda de la verdad, la justicia y la no impunidad.

La desaparición forzada constituye uno de los crímenes de lesa humanidad más graves, abogamos porque todos los casos previos y posteriores a los de Ayotzinapa sean esclarecidos y sus responsables sean sancionados.

Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Presión militar impide cerrar cárcel chilena de lujo para criminales de DDHH, denuncia abogado.

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El Ejército de Chile se resiste al cierre de la cárcel de Punta Peuco, donde cumplen penas en condiciones de privilegio agentes de la última dictadura condenados por crímenes de derechos humanos, indicó el abogado Cristian Cruz a Sputnik Nóvosti.

“Los militares y las Fuerzas Armadas en general están ejerciendo mucha presión; es bien sabido que sectores del Gobierno, principalmente el ministro del Interior (Jorge Burgos) y la misma presidenta (Michelle Bachelet) sienten una gran simpatía hacia el mundo militar”, sostuvo Cruz, jurista especializado en derechos humanos.

“Llama la atención que el Gobierno no sea capaz de darnos una información precisa y clara; simplemente lo ha esquivado”, agregó.

La presidenta Bachelet “se comprometió” a cerrar Punta Peuco en este mes de septiembre en una reunión que mantuvo en julio con una víctima de la dictadura, Carmen Gloria Quintana, quemada viva en 1986 por una patrulla militar durante una protesta contra el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) junto al fotógrafo Rodrigo Rojas, fallecido por las graves heridas que sufrió.

Fue Quintana quien mencionó este supuesto compromiso a los medios de comunicación, si bien la mandataria no se refirió públicamente al asunto.

Poco después, el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, aseguró que el cierre de Punta Peuco era una “decisión que se encuentra en evaluación permanente por parte del Gobierno”.

“Yo desconozco la conversación específica; no estuve en la reunión, pero está en evaluación permanente”, aclaró Díaz a la prensa local.

Por su parte, el jefe del ejército, Humberto Oviedo, dijo la semana pasada que el cierre de Punta Peuco no es necesario pues se trata de “un penal como otros”, informó la prensa chilena.

DECISIÓN POLÍTICA

Para el abogado Cruz el cierre de la prisión es una decisión política y prueba de ello “es que Sebastián Piñera (predecesor de Bachelet) cuando dejó su cargo cerró el penal Cordillera”, que albergaba a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Los reclusos del penal Cordillera fueron enviados a Punta Peuco en septiembre de 2013.

“Si pudo cerrarlo un Gobierno de derechas (como el de Piñera) no entendemos por qué este (de centroizquierda) no lo hace con Punta Peuco”, agregó Cruz a Sputnik Nóvosti.

Mantener abierta esta cárcel significa “la instauración y la continuidad de la desigualdad”, en especial para las víctimas de la dictadura y los familiares de muertos y desaparecidos, apuntó Cruz.

PRIVILEGIOS

Las condiciones de reclusión de Punta Peuco nada tienen que ver con las de otras cárceles, sostuvo este experto, puesto que “cuenta con áreas exclusivas para ellos y sus familias, posibilidad de hacer asados, sistemas de comunicación con el exterior y máquinas de ejercicio”, en definitiva, “facilidades de las que carece el resto de la población penal”.

“Están en unas condiciones bastante benevolentes. Algunos canales de televisión han hecho reportajes sobre el lugar y también han acudido grupos de parlamentarios y todos dan cuenta de la gran flexibilidad que tienen los internos”, agregó.

Unas 100 personas están recluidas en Punta Peuco, estimó Cruz, y los internos “no son solo violadores de derechos humanos”, sino que también hay “algunos funcionarios de la policía civil que han sido condenados por actos de corrupción” en los últimos años y que, por tanto, “nada tienen que ver con la dictadura”.

En opinión de Cruz, no supondría ningún problema que los reos de Punta Peuco fueran trasladados a una cárcel común, puesto que ya sucedió con César Palma Ramírez, “agente del grupo de extrema derecha Patria y Libertad que fue condenado por crímenes en la dictadura”.

Palma Ramírez está recluido en una prisión en Puerto Montt, sur del país, “y no ha habido ningún problema con él”.

“Hoy en día la Gendarmería (fuerza responsable del sistema carcelario) tiene los mecanismos necesarios para mantenerlos segregados en condiciones que no sean de privilegio”, precisó Cruz.

El penal de Punta Peuco fue abierto en 1995 para que el brigadier Pedro Espinoza y el ahora fallecido general Manuel Contreras, uno de los criminales más notorios de la dictadura chilena, cumplieran sus penas por el asesinato en 1976 del excanciller y ministro de Defensa, Orlando Letelier.

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Consiguen la prohibición de la financiación de las municiones en racimo, minas antipersonal y otras armas de efectos similares en España

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Conseguimos la prohibición de la financiación de las municiones en racimo, minas antipersonal y otras armas de efectos similares.

Comunicado del Centre Delàs d’Estudis per la Pau con motivo de la modificación de la Ley 33/1998 de prohibición total de minas antipersonas y armas de efecto similar

Desde el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, como entidad impulsadora de la campaña Stop inversiones explosivas, tenemos la gran satisfacción de anunciar que hemos conseguido que se apruebe la prohibición explícita de todo tipo de financiación de las municiones en racimo, minas antipersonal y otras armas de efectos similares.

España es ahora, gracias al éxito de la campaña Stop Inversiones Explosivas, el décimo país en prohibir la financiación de las bombas de racimo.
La Ley 27/2015 del 28 de julio, que modifica la Ley 33/1998 de prohibición total de minas antipersonas y armas de efecto similar, prohíbe ahora la financiación de estas armas.

La aprobación de esta ley es una nueva etapa hacia el desarme y la paz. Ahora, además de la prohibición del uso, producción, comercio y almacenamiento de bombas de racimo desde la firma de un acuerdo mundial en 2008 por parte de 107 países, las entidades financieras  españolas ya no podrán financiar la producción de estas terribles armas en países que no han firmado aún el tratado.
Desde el Centro Delàs seguiremos trabajando en la denuncia de las inversiones en armas también desde la campaña Banca ArmadaBBVA sin armasBanco Santander sin armasCaixabank sin armas y Banco Sabadell sin armas.